Gobierno quiere cambiar criterios para estipular la pensión alimentaria

17-03-2010

El Ministerio de Justicia ha presentado un plan para cambiar los criterios para decidir la pensión alimentaria que pagan los padres divorciados que no ejercen la custodia del hijo. Servirá de guía a los tribunales y otras instituciones que deciden sobre el futuro de los niños de familias divorciadas.

Casi la mitad de los matrimonios checos terminan en divorcio. Crear un sistema justo y transparente del pago de la manutención de niños es una de las prioridades del Ministerio de Justicia para los próximos años. La ministra Daniela Kovářová ha presentado este martes un proyecto que busca unificar los criterios para estipular la pensión alimentaria en el país, según recalcó.

Daniela Kovářová, foto: ČTKDaniela Kovářová, foto: ČTK “De acuerdo con la Ley sobre la Familia, la estipulación de la pensión alimentaria está en manos de los tribunales regionales. A pesar de ello, esperamos crear un sistema que lleve a una mayor unificación de estos pagos a nivel nacional”, sostuvo Kovářová.

El proyecto ministerial cuenta con una tabla para calcular la manutención, dependiendo de la edad del niño y el sueldo del progenitor que la pague. Así, por ejemplo, la cuota mensual para sostener a un niño menor de cinco años correspondería al 10 por ciento del sueldo, mientras que en caso de un hijo mayor de 18 años podría llegar hasta al 24 por ciento.

El presidente de la Unión de Jueces, Tomáš Lichovník, aplaude la medida pero subraya que la decisión final siempre correrá a cargo del tribunal correspondiente.

“Las tablas no tienen carácter de norma. Representan una guía de recomendaciones para los jueces que deciden sobre las pensiones alimentarias. Dependerá de cada uno de ellos si se rige por ella o no. De todas formas, siempre tendrá que justificar su decisión, en eso no cambia nada”, destacó Lichovník.

Actualmente, los tribunales regionales deciden cada uno a su manera sobre el pago de la manutención. Antes de entrar en vigor, el proyecto debe superar un periodo de prueba de un año de duración, además de obtener el visto bueno del Parlamento y del presidente de la República.

17-03-2010