Fin del caso ProMoPro: los empresarios condenados, los funcionarios declarados inocentes

25-06-2015

La empresa ProMoPro estafó al Estado checo en 2009 34,5 millones de euros, emitiendo facturas por servicios ficticios que nadie revisó. Ahora el caso ha llegado a su fin, aunque con un resultado desigual. Mientras que por parte de la empresa y sus proveedores han caído siete condenas, dos de ellas a nueve años de cárcel, por parte de la Administración Pública nadie ha sido declarado responsable.

David Mlíčko, foto: ČTKDavid Mlíčko, foto: ČTK Corría el año 2009 y a la República Checa le tocó presidir la Unión Europea durante seis meses. Para cubrir la consecuente necesidad de aparatos y materiales audiovisuales, el Ministerio de Asuntos Europeos contrató sin concurso público a la empresa ProMoPro. La compañía cobró durante este periodo al Estado toda una serie de facturas por servicios inexistentes, o de precio muy superior al real, cuyo monto total ascendió a 34,5 millones de euros.

El caso se destapó en 2011. La Policía Anticorrupción inculpó a 10 personas, tres de ellos funcionarios públicos. El ministro de Asuntos Europeos durante la estafa, Alexandr Vondra, no fue acusado pero reconoció su responsabilidad política y presentó su dimisión.

Jaroslav Veselý, foto: ČTKJaroslav Veselý, foto: ČTK Ahora el Tribunal ha condenado a los siete empresarios encausados. El director de ProMoPro, Jaroslav Veselý, tendrá que cumplir nueve años de prisión, así como el responsable de su principal empresa proveedora, Vlastimil Max, que colaboró en el lavado del dinero obtenido de forma ilícita. Otros empresarios han recibido penas de seis, cinco y tres años de cárcel.

Los tres funcionarios implicados han sido declarados inocentes. Así se expresaba uno de ellos, David Mlíčko, al conocer la sentencia.

“Me alegro mucho de que después de cinco años de presión mediática por fin han escuchado nuestros argumentos y los han reconocido”.

Foto: ČTKFoto: ČTK La Fiscalía consideraba que estos tres trabajadores públicos habían dado preferencia a ProMoPro intencionadamente y que no habían realizado el control necesario sobre las actividades y las facturas de la empresa.

El Tribunal sin embargo, con los materiales de los que disponía, descubrió que los funcionarios se habían negado al principio a pagar las facturas, al considerarlas desproporcionadas, pero que recibieron instrucciones desde arriba. Su responsabilidad se limita al haber obedecido órdenes, por lo que se decidió exculparlos. Quién decidió que esas facturas se tenían que pagar es algo que no se mencionó durante el juicio.

La sentencia sobre el caso ProMoPro aún no es firme y puede ser recurrida.

25-06-2015