El caso Babiš y la Unión Europea

03-06-2019

El fiscal supremo del estado, Pavel Zeman, considera serios los hallazgos de la auditoría preliminar realizada por la Comisión Europea respecto al conflicto de intereses del primer ministro checo Andrej Babiš.

Andrej Babiš, foto: ČTK / Michal KrumphanzlAndrej Babiš, foto: ČTK / Michal Krumphanzl De acuerdo con la auditoría preliminar de la Comisión Europea, el jefe del Gobierno checo, Andrej Babiš, sigue influyendo en los negocios y orientación de su antiguo grupo Agrofert, que recibió amplias subvenciones de la Unión Europea. Babiš insiste por su parte que en 2007 entregó Agrofert y a otras compañías suyas a fondos fiduciarios.

La Fiscalía Suprema del Estado quiere analizar detalladamente la auditoría comunitaria, porque sus hallazgos podrían llevar a la sospecha de que se cometió un delito, según recalcó el fiscal supremo, Pavel Zeman.

“Los hallazgos de la auditoría realmente podrían llevar a la sospecha de un delito. Y si fuera necesario pedir otra información sobre el caso, la solicitaremos. Por ejemplo si necesitáramos saber, ¿qué forma tenían las solicitudes para la concesión de las subvenciones? ¿Quién decidía sobre ellas? ¿Quiénes eran las personas responsables en el tema?”.

El análisis del documento comunitario debería terminar en unas dos semanas, según acotó Zeman.

El primer ministro, Andrej Babiš, indicó a su vez que la auditoría preliminar de la Comisión Europea contiene muchas falsedades a las que las autoridades checas reaccionarán en el curso de los próximos meses.

”El borrador preliminar de la auditoría como tal es potestativo y contiene muchas falsedades. Considero absolutamente prematuro hablar de este tema”.

En un comunicado enviado a la agencia de noticias ČTK, Babiš escribió que, en su opinión, el fiscal supremo del estado no respeta las normas de debido proceso.

Marie Benešová y Pavel Zeman, foto: ČTK / Roman VondroušMarie Benešová y Pavel Zeman, foto: ČTK / Roman Vondrouš En opinión de la ministra de Justicia, Marie Benešová, no hay razón alguna para no creer en las palabras de Andrej Babiš en su disputa con la Unión Europea. Acotó que Babiš había cumplido con los requisitos legales pasando Agrofert a fondos fiduciarios. Benešová apuntó que el documento enviado por la Comisión Europea era un borrador preliminar que no llevaba ni una sola firma, y que había que esperar los resultados oficiales de la auditoría comunitaria antes de reaccionar de forma oficial.

Algunos partidos de oposición coinciden con esta opinión, aunque Jan Bartošek, jefe de la bancada parlamentaria del democristiano Partido Popular acotó que el Estado debería suspender desde ya el pago de las subvenciones al grupo Agrofert. La oposición quiere además que el tema del supuesto conflicto de intereses de Andrej Babiš sea incluido de forma extraordinaria en el programa de la sesión plenaria de la Cámara Baja de este martes. Según Bartošek, los diputados opositores quieren que Babiš les explique algunas cosas.

“Queremos que Babiš nos explique si está o no en conflicto de intereses, si pudo o no influir en la distribución del dinero de las subvenciones comunitarias. También queremos que nos diga si es cierto que aprovechó las ayudas comunitarias para cubrir los gastos para una línea de producción innovadora, la cual no obstante entonces ya existía y estaba en funcionamiento”.

Los partidos de oposición adelantaron igualmente que insistirán en que la respuesta al informe de la Comisión Europea relativo al supuesto conflicto de intereses de Andrej Babiš sea elaborada por miembros del Gobierno que no sean del movimiento ANO, liderado por Babiš.

Foto: Filip Jandourek, ČRoFoto: Filip Jandourek, ČRo El mencionado documento preliminar de la Comisión Europea tiene setenta páginas y advierte que Andrej Babiš, entonces como ministro de Finanzas, y posteriormente como primer ministro, participó activamente en las negociaciones sobre las ayudas comunitarias de las que gran parte fueron luego para Agrofert.

Chequia podría estar obligada a devolverle a la Unión Europea unos 11 millones de euros, pudiendo llegar la cifra final a 17 millones de euros, al serle agregados los pagos por otros errores en el aprovechamiento de las ayudas comunitarias. Desde que se conoció la noticia sobre la auditoría comunitaria, Andrej Babiš mantiene que no ha violado ley alguna y que la República Checa no deberá devolver ningún dinero.

03-06-2019