Transformación del Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad - I

13-01-2007

Con este espacio, "Del Totalitarismo a la Democracia", Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la Isla.

Antes del año 1989, las fuerzas policiales de Checoslovaquia formaban un único Cuerpo de Seguridad Nacional (SNB) que, a su vez, oficialmente se dividía en dos secciones: la Seguridad Pública (VB), a la que pertenecían principalmente la policía contra el delito y la policía de orden público, y la Seguridad del Estado, que era la policía política secreta. Sin embargo, de hecho existía una tercera sección, que eran los miembros del SNB llamados a trabajar en el Ministerio.

Especialmente desde comienzos de los años 70, el paso de esos empleados civiles "al uniforme" se convirtió en un fenómeno masivo: se trataba, sencillamente, de que resultaba económica y materialmente ventajoso. De esta manera se llegó a una situación en la que en el Ministerio nos encontrábamos con mecanógrafas, secretarias y asistentes con cargos de suboficiales, alféreces y oficiales. Digamos que podía hablarse de cierta "inflación de cargos". Tanto es así que el SNB llegó a formar un todo con el aparato puramente administrativo del Ministerio. Es necesario aclarar una especificidad checoslovaca: a diferencia de Alemania Oriental, Rumania o la URSS, por ejemplo, la Seguridad del Estado nunca fue un departamento independiente, sino parte integrante del SNB y, por consiguiente, del Ministerio del Interior. Además del SNB, existía asimismo la Guardia Fronteriza, con sus 12 brigadas, encargada de vigilar las fronteras con los Estados democráticos, es decir, con Alemania Occidental y con Austria.

Se contaba también con el Ejército del Ministerio del Interior, formado por los regimientos independientes de Protección Civil, pero a los que era posible, en caso de necesidad, organizar en brigadas y usar como reservas de fuerzas represivas. Estas dos entidades dependían exclusivamente del Ministro Federal del Interior. Tanto la Guardia Fronteriza como el Ejército del Ministerio del Interior, se componían en su mayoría de soldados de reemplazo. Solamente los oficiales y suboficiales profesionales tenían una relación laboral con el Ministerio. Sin embargo, los soldados de reemplazo perseguían en el año 1990 un único objetivo: conseguir la reducción del servicio militar obligatorio (en aquel entonces, duraba dos años) y marcharse a sus casas cuanto antes. Así las cosas, los "amigos de los viejos tiempos" no podían contar demasiado con ellos. El aparato represivo comunista estaba formado por tres pilares básicos. En primer lugar, las Fuerzas Armadas (esto es, además de la policía y de la policía política secreta, el Ejército y las Milicias Populares), luego la justicia y, por último, el aparato legislativo.

A lo largo de varios decenios, los comunistas configuraron un marco legislativo metódico, sistemático y eficaz para la actuación de las fuerzas represivas (las llamadas fuerzas del orden), cuya complejidad subestimamos en el año 1989. Como consecuencia de ello, hasta la fecha todavía seguimos batallando con algunas "bombas de relojería": por ejemplo, en los debates concernientes a la Ley sobre la Condición de Servicio. Nos concentramos, en líneas generales, en la transformación y en la reforma de las fuerzas de seguridad, y el aparato de justicia (también por causa de una subordinación sectorial diferente) quedó fuera de nuestra atención.

Seguramente, sería más eficaz crear una comisión intersectorial que se encargara de resolver la transformación de la policía, de la justicia y del aparato legislativo como un todo y teniendo en cuenta sus interrelaciones y sus conexiones funcionales. La reforma de la justicia y del aparato legislativo es un asunto particularmente complicado. La comunidad de juristas constituye en todos los países un grupo relativamente cerrado (en la antigua Checoslovaquia se trataba, sin excepción, de licenciados de cuatro facultades), con frecuencia interconectado también por lazos de parentesco, y que además de todo eso se muestra y delimita frente al "resto" de la sociedad, en gran medida, de una manera elitista. Asimismo, no es posible esperar ayuda desde el extranjero en este sentido. Mientras que es factible enviar policías a hacer un curso en los países del mundo democrático y allí enseñarles las técnicas modernas del trabajo policial, la formación jurídica es, por principio, moldeada por el orden jurídico que se genera en casa, que se basa en las fuentes del país y que es obra de creadores nacionales.

El caso de la Academia de Policía

Inadvertidamente, y de forma total, perdimos la batalla por la enseñanza sectorial7, es decir, por la Academia de Policía. Bastó muy poco: el empeño cualificado de un hombre, buen conocedor de las intrigas entre bastidores, que consiguió a nuestras espaldas influir en la formulación de la nueva Ley sobre la Enseñanza Superior a principios del verano de 1990. El resultado fue que la nueva dirección de Interior perdió cualquier tipo de control sobre el plan de estudios y sobre el enfoque global de la Academia de Policía. Como recompensa, le quedó una única obligación: financiar su funcionamiento sin tener la más mínima influencia en el mismo. Todo estaba muy hábilmente escondido en las formulaciones sobre la autonomía de las instituciones de enseñanza superior, de manera que tras años de reglamentación estricta, lo acogimos con buenos ojos. El primer paso debió haber sido una reflexión sobre si la enseñanza sectorial era realmente necesaria y, en el caso de que la respuesta hubiera sido 7 Cada sector de la sociedad tenía sus centros de formación e, igualmente, la Policía.

Tampoco logramos impedir la politización del trabajo de la policía. Como consecuencia de una amplia e irreflexiva amnistía, decretada el uno de enero de 1990, la criminalidad callejera aumentó bruscamente, tanto los delitos menores, como los graves, sin excepción de atracos a mano armada y asaltos a domicilios. La opinión pública percibió estos indeseables resultados de una manera muy sensible. En cambio, los comunistas consiguieron "gratis" un argumento muy valioso, porque podían comentar la situación con estas palabras envenenadas: lo ven, cometíamos muchos y muy variados errores, pero, por lo menos, durante nuestra etapa las calles eran seguras.

De la misma manera, los policías amenazados por una depuración comprendieron muy rápidamente que en una sociedad en la que existe prensa libre (es decir, también prensa sensacionalista), las estadísticas de criminalidad son un asunto político de primera categoría. En el ambiente inseguro y enconado que precedió a las primeras elecciones poscomunistas, las élites de la oposición se dirigían, en su temor por la victoria electoral, al grupo de reformadores de los cuerpos de seguridad con una exigencia simple a la vez que contradictoria: realizad un relevo radical del aparato policial, pero no interrumpáis su funcionamiento bajo ningún concepto.

Desde luego, ambas cosas eran incompatibles. Por consiguiente, la expurgación y la transformación de la policía contra el delito y del orden público fueron prácticamente interrumpidas, y se acordó que la sustitución de los miembros corruptos y que no merecían confianza por nuevos policías se haría de manera gradual. Sin embargo, esta idea fue seriamente truncada por nuestra derrota en el caso de la Academia de Policía, en el que perdimos antes de darnos siquiera cuenta de que este duelo de suma importancia había comenzado. Es precisamente en la Academia de Policía donde se forman los hábitos profesionales, la actitud hacia el servicio y el perfil ético de los futuros policías. Seguramente, habría sido más sensato no decretar una amnistía generalizada, evitar así un aumento repentino de la criminalidad y tomar conciencia de que, en la sociedad, siempre hay y habrá gente cuyo sitio está detrás de las rejas, sea cual sea el régimen que gobierne el país. De esa manera, no se abre un espacio para el fortalecimiento de la influencia indirecta (pero potente) de la policía en la actividad diaria de las élites políticas y en la formación de lo que consideran como prioridades.

Luego, habría sido posible llevar a cabo las expulsiones de la policía contra el delito y del orden público de una manera más contundente, pero a la vez en un ambiente que no fuera en modo alguno agitado o hasta histérico. Con todo, a veces se trataba de problemas que realmente no tenían solución. Recuerdo la desesperación de esas pocas "nuevas personas" que llegaron [al Ministerio] para llevar a cabo la reforma de los departamentos de pasaportes. Después de la caída del telón de acero, viajar al mundo libre se convirtió, de la noche a la mañana, en un asunto de masas.

Y justamente los departamentos de pasaportes estaban literalmente plagados de servidores entregados al régimen comunista. Pero no fue posible detener su actividad. Habría tenido unas consecuencias políticas mayúsculas. Sigo sin conocer la receta para este problema concreto. Por un lado, la transferencia inmediata de la agenda a los órganos "civiles" de la administración probablemente habría provocado un gran caos, y por el otro, la situación del personal allí tampoco era considerablemente mejor. Los policías estaban, por lo menos, acostumbrados a cumplir órdenes y sentían un respeto profundamente arraigado hacia sus superiores, fuera lo que fuera lo que pensaran sobre ellos.

 

Jan Frolík es licenciado por la Universidad Carolina de Praga. En 1969 fue arrestado por "actividades anti-estatales" y pasó dos años en la cárcel. Después, y hasta 1990, trabajó como obrero. En 1990 empezó a trabajar en el Ministerio del Interior de la entonces Federación Checoslovaca como consejero del primer viceministro Jan Ruml. En septiembre de 1990 fue nombrado director del archivo del Ministerio del Interior (que gestiona también los materiales de la Seguridad del Estado). En 1992 finalizó sus estudios de Historia en la Universidad Carolina.

13-01-2007