“La Policía podrá detener a cualquier extranjero sin motivo”

La nueva ley de Extranjería checa despierta controversia. El senador Václav Láska está dispuesto a llevarla al Tribunal Constitucional.

Václav Láska, foto: Filip JandourekVáclav Láska, foto: Filip Jandourek La República Checa se blindó contra la inmigración de países terceros el pasado mes de agosto, cuando entró en vigor una nueva enmienda a la ley de Extranjería. En ella se endurecen las condiciones para obtener permiso de trabajo y para iniciar actividades empresariales en el país, y al mismo tiempo se imponen nuevas barreras burocráticas y se recortan los derechos de los extranjeros.

Uno de los detractores de la normativa es el senador Václav Láska, que se prepara para presentar una queja al Tribunal Constitucional. La forma actual de la ley refuerza por ejemplo el poder del Ministerio del Interior a la hora de ordenar expulsiones, asegura Láska.

“Esta reforma legislativa, que ha redactado el Ministerio del Interior, reacciona a los casos judiciales que ha perdido. Allí donde perdían por algún motivo legal, han cambiado la ley de forma que no puedan perder. Por desgracia los ciudadanos de fuera de la UE no tendrán el amparo de los tribunales checos, ya que el Ministerio ha reescrito la ley para ganar las demandas”.

De hecho, para Láska el endurecimiento de la legislación no contribuye a la seguridad del país y hará más difícil la vida a personas que realmente la sociedad checa no percibe como amenaza: desde el profesor de inglés estadounidense al obrero ucraniano, pasando por el ejecutivo japonés.

Láska señala en especial las nuevas trabas para la reunificación familiar. Mientras que antes se podía cambiar el motivo del permiso de residencia en territorio checo, ahora ya no será posible.

“No habrá un periodo de transición entre un tipo de permiso y otro. Si un motivo para la residencia expira, por ejemplo, un permiso para estudiar, si se desea pasar a otro tipo de permiso, habitualmente el de reunificación familiar, porque el extranjero se ha casado, ahora tendrá que volver a su país de origen. Allí deberá pedir de nuevo el permiso de residencia. Es puro formalismo, ya que el consulado solo manda la solicitud por correo al Ministerio del Interior, no hace nada más”. Esta norma es doblemente discriminante, prosigue Láska.

“Si se trata de un matrimonio de un checo con un ciudadano de la Unión Europea con permiso permanente en la República Checa, esta norma no se aplica. Así que paradójicamente esto es discriminante no solo hacia los extranjeros, sino también hacia los checos que han tenido la osadía de casarse con una persona de un tercer país”.

Expulsión obligatoria en caso de delito

Foto ilustrativa: Ondřej TomšůFoto ilustrativa: Ondřej Tomšů Más grave es en opinión de Láska la pérdida del derecho de los extranjeros al amparo de un tribunal en caso de expulsión por comisión de delito.

“Antes cuando un extranjero cometía un delito, muy probablemente el tema acababa con su expulsión, pero tenía que examinarse el caso y ver si no había circunstancias que hicieran que la expulsión fuera un castigo demasiado duro. Así pues, antes se podía decir, sí, ha cometido un delito, pero como tiene usted aquí familia, hijos, amigos, y en su país de origen no tiene a nadie, sería demasiado duro, así que no lo haremos. Ahora según la ley el Ministerio del Interior tiene el deber de expulsarlo, y se libra así del control del poder judicial”.

Esto conlleva una importante discriminación de los extranjeros, incide Láska.

“Hay delitos triviales, pintar un bigote en un cartel electoral, por ejemplo, en los que un ciudadano checo recibe una regañina, prisión condicional, o puede ser simplemente no castigado. Pero un extranjero, por el mismo delito, recibe el castigo más duro: pierde la escuela, la familia, los amigos, tiene que volver a un país donde ya no tiene a nadie, pierde su hogar”.

Una puerta abierta a la detención arbitraria

Foto ilustrativa: Štěpánka BudkováFoto ilustrativa: Štěpánka Budková Otro de los puntos más polémicos del cambio legislativo es, según Láska, la posibilidad de facto de que la Policía detenga a un extranjero y no pueda pedírsele explicaciones. Antes de la reforma de la ley, un extranjero detenido podía quejarse a los tribunales, y recibir por tanto una compensación si se consideraba que el arresto había sucedido sin motivo. Ahora ya no será así.

“A día de hoy si la Policía detiene a alguien y lo suelta antes de que un tribunal se pronuncie sobre el caso, la investigación se detiene. El resultado es que se puede llegar a la desagradable práctica de que el Ministerio del Interior podrá detener a quien quiera y retenerlo hasta que éste presente una demanda al juez. Así la Policía podrá detener a cualquiera, y retenerlo, sin ningún motivo, porque sabe que si lo suelta a tiempo, nunca ningún tribunal podrá investigar si hubo o no motivo. Es una terrible violación al derecho al amparo judicial y una violación de la Constitución”.

La forma actual de la ley de Extranjería completa por otro lado algunos huecos que existían en la normativa anterior: se establece la figura del inversor extranjero y se aclara la problemática de contratar extranjeros de terceros países a través de una agencia de trabajo.