Notas de Actualidad Sindicatos amenazan con huelga para mantener complementos salariales
Los sindicatos amenazan con una huelga general en protesta contra la aplicación del impuesto sobre el valor añadido a los complementos salariales. El primer ministro, Jan Fischer, reconoce las exigencias de los sindicalistas, pero todo dependerá del Parlamento.
Cualquier día después del 22 de febrero la República Checa puede verse
paralizada por una huelga. Los trabajadores ferroviarios, así como
choferes de autobuses y empleados de ramas industriales están decididos a
suspender su trabajo. El motivo es la normativa referente a la imposición
de los complementos salariales, que entró en vigor a principios de enero.
Los sindicatos temen que las empresas encarezcan o eliminen completamente
las ventajas extrasalariales que otorgan a los empleados, como por ejemplo
los bonos para almuerzo y el transporte.
El primer ministro, Jan Fischer, opina que se trata de un problema burocrático que puede rectificarse.
“Es el asunto de la ley, eventualmente de su modificación. Deliberaré sobre ello con el ministro de Finanzas y con diputados. La única posibilidad es devolver la normativa a la Cámara de Diputados y analizarla de nuevo. La huelga es una solución extrema. Será necesario hablar también con los sindicalistas y aclararse las posturas”.
Las reivindicaciones de los sindicalistas fueron apoyadas también por representantes de la patronal. Los ojos de todos se dirigen hacia el Parlamento, que sesionará este martes. Según Jaroslav Pejša, presidente de la Asociación Sindical Ferroviaria, sólo la anulación de la controvertida normativa puede impedir la huelga.
Jan Fischer, foto: ČTK
“Nos preocupa la situación en la Cámara de Diputados. Las
obstrucciones permanentes no permiten deliberar sobre leyes. Así que en el
momento en que el Gobierno no está en contra, pero la Cámara Baja
prácticamente no trabaja, apelamos a los diputados y senadores del
Parlamento checo para que hagan el acuerdo realidad y aprueben la ley
respectiva”.
La enmienda a la normativa sobre el impuesto sobre el valor añadido sale de las directivas europeas, pero según el Ministerio de Finanzas su implantación a la legislación nacional es voluntaria.








